27/01/09

DETUVIERON A TRES INDIVIDUOS VINCULADOS A ROBOS EN LA LOCALIDAD

El Comisario Inspector Juárez informó que en cercanías del vado Viena, se detuvo a un individuo que estaría involucrado con un hecho de asalto a mano armada en la localidad de Santa Rosa, en el que la familia Sánchez fuera maniatada y desencadenara junto a otros hechos ocurridos en el sector de calle Champaquí, el corte de calle días atrás en reclamo de más seguridad.

Juárez explicó que el resultado fue producto del trabajo realizado por personal de investigación con asiento en la localidad. Hay otros dos detenidos vinculados a otros hechos. Continuando con el operativo, dos personas que minutos antes estuvieron con el individuo apresado en el vado, fueron detenidas en la zona céntrica. Los tres son oriundos de Villa María y están disposición de la fiscalía.

Allanamiento y drogas

En horas de la madruga se realizó un allanamiento y quedó detenida una persona de sexo masculino de 26 años. Se le secuestraron 30 gramos de cocaína, 90 gr. De marihuana y una balanza de precisión. Se le aplicó la ley de estupefacientes.

Escuche el audio del informe completo brindado por el Comisario Inspector Ramón Juarez.


CUARTO ENCUENTRO PAREN DE FUMIGAR CÓRDOBA

El encuentro está programado para el próximo sábado 31 de enero en Ciudad Parque. Pablo Rivero, uno de los organizadores dialogó con radio Calamuchita.

"Se viene el cuarto encuentro un marco político bastante interesante" por la decisión del gobierno nacional de conformar una comisión para rediscutir los productos aprobados para fumigación.

Estará presente el grupo de madres de barrio Ituzaingó que lucharon 10 años para obtener un fallo favorable de la justicia, aunque algunos niños que hoy tendrían 20 años ya dejaron de existir. Vecinos de Colonia Caroya y de otras localidades que vienen sosteniendo este tipo de reclamos desde hace mucho tiempo. "No queremos que se vayan los productores, pero queremos que no atenten contra la vida de mis hijos" manifestó Pablo Rivero del grupo Semillas del Sur de Villa Ciudad Parque, quien aseguró que se han sumado a las reuniones comerciantes y cabañeros por que "lo que está en discusión es la salud".

Aportamos información publicada en diario Página 12 el 21 de enero.

Reclaman que la justicia prohíba las fumigaciones con glifosato
Para frenar los agrotóxicos

Una organización que viene denunciando los efectos de los agroquímicos en la salud humana pidió que la Justicia federal suspenda la venta y el uso de esas sustancias en todo el país. La demanda puntualiza acusaciones de una decena de provincias.

Una organización que viene denunciando los efectos de los agroquímicos en la salud humana pidió que la Justicia federal suspenda la venta y el uso de esas sustancias en todo el país. La demanda puntualiza acusaciones de una decena de provincias.

Por Darío Aranda

El Grupo de Reflexión Rural (GRR), organización que impulsa desde hace tres años una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, realizó una presentación judicial para suspender la venta y uso de agroquímicos en todo el país. Radicada en los Tribunales de Comodoro Py, la denuncia toma como uno de sus fundamentos la "emergencia sanitaria" del barrio cordobés Ituzaingó Anexo –saturado de casos de cáncer, enfermedades respiratorias y malformaciones–, solicita penas de hasta 25 años de cárcel y apunta contra el modelo de agronegocios, personificado en empresas (Monsanto), ámbitos académicos (Facultad de Agronomía de la UBA y Conicet) y organismos oficiales (INTA, Secretaría de Agricultura y Senasa). La entidad Madres de Ituzaingó, que se organizó a medida que las enfermedades se multiplicaban en su barrio, ya tuvo su primera reunión con la comisión investigadora del Ministerio de Salud, creada por orden de la Presidenta. "Queremos creer lo que nos dicen, pero tenemos miedo de que todo quede en la nada", advirtieron.

La denuncia encuadra legalmente el uso de agrotóxicos en la "modalidad agravada" del artículo 200 del Código Penal: "Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de prisión". El Grupo de Reflexión Rural (GRR) cita la muerte de tres niños en Entre Ríos (caso conocido como "los primitos Portillo") y puntualiza acusaciones de una decena de provincias.

"Se ha afectado de un modo inexorable la salud pública. Y ante la gravísima situación de contaminaciones masivas, se solicita se dicte la medida cautelar tendiente a suspender y/o limitar la venta y uso de agrotóxicos que afectan la vida de las personas", destaca la presentación. Jorge Rulli, fundador del GRR, puso nombre y apellido al químico que apuntan: "El Roundup de Monsanto es una de las referencias obligadas de este modelo. De mínima, hay que cambiar de manera urgente la graduación toxicológica, aún hoy se lo considera inocuo, lo cual es un crimen", afirmó. El Roundup es el nombre comercial del glifosato, un agroquímico pilar de la industria sojera. Sólo en la campaña 2007/2008, los campos argentinos fueron rociados con 168 millones de litros del agrotóxico.

La demanda también apunta contra los distintos eslabones del modelo agropecuario. "Es imprescindible que se investigue la eventual responsabilidad criminal de quienes producen los agroquímicos, y los funcionarios que han autorizado y liberado el uso de esas sustancias. Resulta imprescindible indagar en los ámbitos que han promovido el modelo y si estos actores han actuado con culpa o dolo", reclaman a través de las seis carillas de la presentación, realizada el jueves 15 de enero y ampliada el lunes último, radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N8, a cargo de Jorge Alejandro Urso, y en la fiscalía N12, dirigida por Oscar Ricardo Amirante.

Los denunciantes solicitan que se determine la responsabilidad de lo que denominan "impulsores y/o sostenedores" de los agronegocios: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Secretaría de Agricultura. "Sería importante determinar en base a qué prueba científica se han basado las autoridades de aplicación para la aprobación de los agrotóxicos", reclama y acusa: "Los graves hechos por los que se denuncia a los agroquímicos no hubieran sido posibles sin la participación de funcionarios estatales".

También culpa a la Facultad de Agronomía de la UBA y el Conicet como los "ámbitos académicos, científicos y tecnológicos desde donde se ha impulsado este modelo criminal de producción agraria". En cuanto a las empresas responsables, indica que "existen indicios graves, precisos y concordantes que indican que las corporaciones se han servido de publicidad mentirosa o engañosa para comercializar sus productos".

Luego de una investigación de este diario, el miércoles 14 la Presidenta ordenó al Ministerio de Salud la creación de una comisión investigadora que se ocupe de las denuncias por contaminación y efectos sanitarios que existen en todas las zonas sojeras, con punto de inicio en el barrio Ituzaingó de Córdoba. El lunes último, el decreto 21/2009 le dio sustento administrativo.
El mismo lunes 15, la comisión llegó por sorpresa al barrio Ituzaingó y se reunió con las Madres. "Le remarcamos dos puntos: nuestro barrio es sólo uno de la gran cantidad que hay, que tienen que ocuparse de todos. Y, el segundo punto, que necesitamos urgente ayuda médica y, en casos concretos, también ayuda social para familias que han quedado postradas por el glifosato", explicó Sofía Gatica, de la organización.

El caso testigo fue el de la familia Olariaga, que sufría permanentes fumigaciones. Yolanda, de 64 años, tiene dos tumores en la cabeza y sufre discapacidad motriz. Débora tiene 26 años, tres tumores en la cabeza y aún no pudieron operarla. Ezequiel Olariaga tiene 25 años y 22 tumores distribuidos en la cabeza y el estómago. Sufre sordera, producto de la enfermedad, y espera turno para ser tratado. "La salud de ellos tiene directa relación con las fumigaciones. Y eso destruyó sus posibilidades laborales. Desde Nación se comprometieron a ayudarlos", explicó Gatica.

La reunión entre la comisión del Ministerio de Salud y las Madres de Ituzaingó se extendió por dos horas. También intervino la Secretaría de Salud local y se acordó realizar estudios ambientales y un relevamiento sanitario. Formó parte de la comitiva nacional el subsecretario de Prevención Sanitaria, Humberto Jure, un conocido del barrio. "El fue funcionario de salud provincial, sabía de nuestros reclamos y nunca nos escuchó. Queremos creer que no pasará lo mismo con esta comisión", advirtieron las Madres de Ituzaingó.

Escuche el audio de la entrevista a Pablo Rivero.